Periodistas en los Juicios Orales

 Por: Emilio Carranza Gallardo* // 21 julio 2014

Versión Animal Político.

Versión Veredicto.

  1. Cuando la policía ministerial en México detiene a un presunto, los medios de comunicación publican: “la foto de la persona detenida”.
  2. Cuando la juez de control en audiencia de vinculación a proceso determina una medida cautelar, los medios publican: “la foto de la persona detenida”.
  3. Cuando el fiscal equivoca sus alegatos de apertura, los medios publican: “la foto de la persona detenida”.
  4. Cuando la persona imputada declara en un juicio oral, los medios publican, también: “la foto de la persona detenida”.
  5. Y sí. Cuando la juez de juicio oral emite la sentencia, los medios también publicarán: “la foto de la persona detenida”.

 Desde luego, este es un ejemplo reduccionista. Pero a quienes miramos, leemos y escuchamos los medios de comunicación, ¿no se nos omite una gran porción de la realidad del nuevo sistema de justicia penal? Con la implementación del sistema penal acusatorio el periodismo tendrá que formular nuevas prácticas para la cobertura de la información en los juicios orales. Porque una cuestión es clara: no se puede cubrir con viejas formas un nuevo sistema de justicia.

 Existen tres retos principales para que el nuevo periodismo especializado en el sistema penal acusatoriocategoría periodística que proponemos y ponemos a debate─ permee en las mesas de redacción. Cada que en Violencia y Medios organizamos talleres con periodistas escuchamos los mismos desafíos. Estos son: primero, que los jefes de información y editores no rechacen las notas de sus periodistas escritas bajo las prácticas que el nuevo sistema penal posibilita, o que les abran nuevos espacios en su agenda; segundo, que los dueños de los medios visualicen la cobertura de los juicios orales como una oportunidad para difundir la cultura democrática de la transparencia y rendición de cuentas; y tercero, que las y los periodistas le pierdan el miedo y se capaciten para cubrir las audiencias públicas como fuente primaria de información judicial.

 Cuando se cubren los juicios orales el periodista se convierte en excepcional observador de la esencia del conflicto humano: la contradicción entre el Estado y dos ciudadanos. Y no porque el periodismo vaya a interferir en el proceso de impartición de la justicia penal, sino porque la información a la que está expuesto para construir su noticia es vastísima: su formato es la nueva crónica judicial; sus protagonistas son el juez, el ministerio público, la defensoría, la víctima y la persona imputada; sus fuentes son cualquier operador o parte que esté en las audiencias públicas. Y su lenguaje: el de los derechos humanos.

 Por eso, a continuación se abordan las dos capacidades que cualquier periodista que quiera cubrir los juicios orales debe tomar en cuenta, que son herramientas básicas para informar y para defender su trabajo al interior de las audiencias públicas.

 En primer lugar, las y los periodistas deben conocer qué derechos tienen para informar desde las audiencias públicas. A nivel constitucional, en el artículo 20 se establece el principio de publicidad para el sistema penal acusatorio; refiere que ‘todo acto jurisdiccional será juzgado en audiencia pública, salvo que existan razones fundadas en la protección de las víctimas o de interés público’. El principio de publicidad se corresponde con el artículo 6 constitucional, que establece que ‘el derecho a la información será garantizado por el Estado, y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole’. Los artículos 6 y 20 le brindan a la ciudadanía mexicana la garantía de acceder a los juicios orales y difundir la información que ahí se genera ─con las excepciones indicadas en el mismo artículo─, así como la obligación que tiene el poder judicial de garantizar el acceso, difusión y recepción de dicha información.

 El principio de publicidad de los juicios orales está asimismo reglamentado en el artículo 5 del nuevo Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP): ‘Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional…’; y en el artículo 64 indica sus excepciones. De igual manera, el artículo 50 permite a cualquier persona tener acceso a los discos donde se almacenan las grabaciones de las audiencias que son públicas (como fuente de información); y el 113 le otorga a la persona imputada los siguientes dos derechos relacionados con el periodismo: ‘a no ser expuesto a medios’ y a ‘no ser presentado como culpable’.

 En el CNPP también encontramos los lineamientos del formato de participación del periodismo en las audiencias públicas. En el artículo 55: ‘Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia’; y el 58: ‘Quienes asistan a la audiencia… no podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas’.

 La negativa a la reproducción periodística de registros gráficos o audiovisuales de las audiencias públicas es una determinación que limita el nivel de transparencia del nuevo sistema de justicia, acercándolo a la opacidad del anterior. La prohibición al acceso de cámaras es una añadidura de 2014 al CNPP de nuestro país que no tiene sustento con la experiencia empírica que el periodismo ha demostrado en estados como Chihuahua, en donde se han alcanzado coberturas periodísticas profesionales en cuanto al manejo de la fotografía al interior de las audiencias públicas sin vulnerar derechos humanos (en particular los derechos de la personalidad). En Chihuahua, desde antes de la reforma penal de 2008 ─y después de la misma, ya que en el texto constitucional tampoco lo prohíbe─ el sistema penal acusatorio ya operaba sin restringir el acceso de las cámaras ─y lo seguirá haciendo hasta que el CNPP sea aplicado─, por lo que el gremio periodístico se capacitó y equiparó con las demandas más exigentes de transparencia y rendición de cuentas para el sistema de justicia penal. Esto significó un brinco de calidad para los mismos operadores ya que, al verse escudriñados por el periodismo profesionalizado, tuvieron que ejercer sin contemplaciones sus obligaciones y garantizar los derechos humanos durante los procesos penales.

 La segunda capacidad que las y los periodistas deben desarrollar para cubrir los juicios orales es tener un conocimiento amplio del sistema penal acusatorio. Esto implica (i) saber diferenciar las etapas del proceso, quiénes son los operadores, las salidas alternas, los distintos tipos de audiencias públicas y cómo acceder a la información ahí contenida; (ii) acatar las implicaciones periodísticas de la presunción de inocencia y el debido proceso, es decir, saber que un ‘dato de prueba’ presentado en una audiencia intermedia todavía no constituye una ‘prueba’ de culpabilidad o inocencia con valor para la sentencia; (iii) conocer los derechos humanos de las víctimas y de las personas imputadas para identificar cuando son vulnerados; y (iv) conocer las responsabilidades, obligaciones y decisiones que competen a cada operador.

 El periodismo significa contar las historias de acontecimientos y conflictos de relevancia, actualidad y pertinencia desde una tribuna informativa, interpretativa o de opinión. ¡Y qué mejor germen de historias que las contenidas en las audiencias públicas del sistema penal acusatorio! Sin embargo, para ello necesitamos de un ejercicio profesional del periodismo crítico y libre de violencia oficial, criminal o censura; y con protocolos de seguridad que garanticen sus derechos a la vida, al trabajo e integridad física, psicológica y emocional.

*Investigador de Violencia y Medios del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. Correo: emilio_carranza@insyde.org.mx

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