Periodismo y transparencia en los juicios orales

Por: Emilio Carranza Gallardo // 01-09-2014

Versión Animal Político.

A partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo de 2014, en distintos estados del país ha surgido el debate de cómo se manejará la información periodística de seguridad pública y justicia penal una vez homologado el sistema de justicia penal con el procedimiento acusatorio.

Por un lado, en estados como Sinaloa y Nuevo León las procuradurías han intentado imposibilitar que el periodismo utilice los mecanismos de transparencia que los principios acusatorios imprimen al nuevo sistema de justicia. En Sinaloa se impulsó una iniciativa para que ningún periodista se acerque a las escenas del crimen, bajo el argumento de que vulneran la presunción de inocencia, misma que fue rechazada por un gran número de organizaciones. En Nuevo León el procurador afirmó que no habrá mayor información de los procesos en etapa de investigación que la que ellos incluyan en boletines o conferencias de prensa. Por otro lado, en el extremo opuesto, en Veracruz –que es el estado con mayor violencia hacia las y los periodistas− la procuraduría abrió un diplomado anual para especializar a los periodistas de la fuente como peritos, con la capacidad de que sus gráficas sean incorporadas como indicios al proceso penal.

Los ejemplos de Sinaloa y Nuevo León frente al de Veracruz son aproximaciones contrarias al debate de cómo se maneja la información periodística del sistema penal acusatorio. No obstante, ambas son apuestas locales que no abordan el problema de fondo, sólo buscan mitigar la realidad inmediata: en el primer caso, controlar la información para evitar filtraciones, y en el segundo, negar la incapacidad para blindar de la corrupción a los policías y peritos, y para capacitarlos en criminología para que acudan en tiempo a las escenas del crimen, obtengan los indicios de prueba bajo cadena de custodia y protejan los derechos de las personas involucradas.

Pero el problema de fondo permanece: en un país en donde la información periodística y la clase intelectual que opina en los medios legitiman al poder, en donde los medios de comunicación son corporaciones cada vez más influyentes en las instituciones del estado y en donde las instituciones de procuración e impartición de justicia son históricamente las más opacas, es un país en donde, como resultado, la cultura de la venganza se reproduce en los discursos cotidianos por encima de la justicia. La venganza significa controlar el castigo –personal, institucional o socialmente− para ejercer poder sobre el otro bajo intereses particulares, mientras que la justicia es ejercer el poder de castigar bajo condiciones de igualdad para las partes en conflicto –sí, las mejores condiciones, no las ideales, que la práctica empírica permita construir.

Para las y los periodistas lo esencial es recordar lo que significa el concepto de acusatorio, para con ello defender el derecho a la información judicial. Acusatorio significa que haya equilibrio de la defensa y de la fiscalía, siempre ante la autoridad judicial y que se dé en un espacio adecuado para que terceras personas tengan acceso a las instancias del proceso penal. De ahí que el nuevo sistema se estructure alrededor de las audiencias públicas, que son su columna vertebral. Las audiencias públicas son la garantía de transparencia de la justicia penal.

Por lo tanto, el verdadero debate del manejo de la información periodística en el sistema penal acusatorio es cómo una institución históricamente opaca tiene que cumplir ahora –a partir de la reforma de 2008−con las leyes que la obligan a ser transparente; que la obligan a dejar atrás a la venganza para acercarse a la justicia. Y cómo se resiste a hacerlo.

El poder judicial se resiste a ser transparente porque con el viejo sistema inquisitorio tiene el control de la información policial y judicial a través de las transcripciones de las audiencias, pudiendo manipularla, como nos dice Alessandro Portelli (“Peculiaridades de la historia oral”, Tarea, Lima, 1984:39): “lo que queda registrado no son las palabras de los testigos, sino una versión de sus testimonio traducida a la jerga legal, literalmente dictada por el juez al escribiente… La distorsión inherente a tal procedimiento está fuera de duda, especialmente cuando los declarantes no son miembros de la clase hegemónica y se expresan en un lenguaje doblemente alejado del que registra la corte”.

En el nuevo sistema penal la policía y el poder judicial tienen que hacer públicos sus medios de investigación para garantizar que las detenciones no se den en condiciones arbitrarias, ilegales o bajo tortura; tienen que hacer públicos sus procesos judicializados para garantizar que a ambas partes se les procesa en condiciones de igualdad y contradicción ante la autoridad judicial; tienen que hacer públicos sus autos y determinaciones para garantizar que las sentencias sean comprensibles y sustentadas en el marco internacional de los derechos humanos.

Y toda esa información ahora compone el conjunto al que cualquier periodista y ciudadano tiene derecho a conocer para, a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, construir un Estado democrático de derecho; esto bajo el principio de publicidad –artículo 16 constitucional− y bajo el derecho a la información −entendido como derecho humano a partir del artículo 7 constitucional.

En el nuevo sistema penal, cuando el periodista en una nota judicial escriba: “De acuerdo con la información verbal obtenida de…”, ya no necesariamente el enunciado terminará con la palabra “ministerio público” o “procuraduría”; ahora el periodista tiene acceso a información de otras fuentes. Podrá informar de lo que dijo el testigo, la víctima, la persona imputada, y sí, también de la autoridad judicial que preside el juicio oral y de la defensoría pública o la fiscalía.

Así, el debate de las últimas semanas con relación al manejo periodístico de la información judicial ha puesto –por más contradictorio que es− a la presunción de inocencia como el mecanismo con el que las instituciones de procuración e impartición de justicia buscan mantener la opacidad característica del viejo sistema e incorporarla al nuevo. La utilización con fines políticos de la presunción de inocencia se realiza sin conocer las implicaciones que conlleva, en donde se le esgrime como la bandera jurídica para limitar que la información judicial sea universal y se dé en un lenguaje no hegemónico; para mantener el control del poder de la información.

La presunción de inocencia, así desvirtuada y malinterpretada, se convierte en herramienta de la opacidad; en un arma puesta a disposición de la misma clase de operadores judiciales, policiales, políticos y empresariales que quieren que todo se mantenga igual: que se les mantenga la privación de la libertad al 42% de las personas que están en prisión aunque no hayan sido declaradas inocentes o culpables; que continúen en prisión preventiva el 40% de la totalidad de reos del país; que el porcentaje de libertades concedidas por detenciones ilegales en el Distrito Federal sea del 0.9%; que el 69% de la población de nuevo ingreso a los centros penitenciarios en el Distrito Federal sea debido al delito de robo calificado o simple; que solamente el 8% de la población mexicana considere que los derechos de las personas imputadas de delitos son importantes; que en los estados que todavía no implementan la reforma penal el porcentaje de investigaciones pendientes de conclusión sea de 81.5%; o que hayan 0 (cero) sanciones a jueces penales por incumplimiento de responsabilidades. [1]

Esta realidad del sistema de justicia penal −el status quo en donde prevalece la venganza− es el que funcionarios enarbolan, por detrás, cuando convierten a la presunción de inocencia en bandera para los límites de la información, mientras por delante anuncian que el boletín informativo –con la fotografía de la persona imputada, ¡vaya contradicción!− continuará siendo a lo único a lo que el periodismo tendrá acceso para redactar sus notas, sus investigaciones y difundir el nuevo sistema de justicia penal.

Ante ello, es tarea del periodismo recuperar a la presunción de inocencia como principio irrestricto del sistema penal acusatorio, libre de intereses particulares. Y la forma de lograrlo es haciendo coberturas informativas profesionales que no vulneren los derechos humanos de las personas implicadas en los juicios orales.

* Investigador de Violencia y Medios del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. Correo: emilio_carranza@insyde.org.mx

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