Encrucijada armada

Por: Sergio Leñero Reveles // 13-10-2014

Versión Animal Político.

En los últimos años en México ha florecido una cultura de las armas la cual, hasta cierto punto, deriva de la necesidad ciudadana de generarse una percepción de seguridad ante la profunda desconfianza hacia las autoridades por la alta tasa de impunidad y la poca efectividad de las instituciones de seguridad y justicia.

Varias entidades han emprendido campañas de despistolización. Por su lado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) implementó el programa “Canje de armas”, el cual reporta que ha recibido 50,249 unidades; sin embargo, contrasta con las cifras que señalan un aumento en la adquisición. La ciudadanía se está armando.

De acuerdo a cifras de la SEDENA, la adquisición de armas por civiles muestra una tendencia a la alza; la estadística se encuentra en la investigación Seguridad, armas de fuego y transparencia de 2009 a 2012, en donde se afirma que el registro por posesión de armas en el país pasó de 2 millones 33 mil 749 a 3 millones 118 mil 592, un aumento de 53% en tres años. Por otra parte, en cuanto al origen de las armas que ingresan al país, provienen de 28 empresas extranjeras, arroja una investigación de Carlos A. Pérez Ricart, de las cuales diez de ellas son estadounidenses, tres españolas, tres checas, dos italianas, dos belgas y dos alemanas; el resto son brasileñas, uruguayas, turcas, israelíes y canadienses.

Con las investigaciones y estadísticas existentes sobre México, se estima que de las 15,500,000 armas que se tiene conocimiento circulan en el país, el 85% es ilegal, según el informe de Small ArmsSurvey, 2011, cifra que seguramente aumentó en años recientes. Al respecto cabe cuestionar ¿en manos de quién se encuentran más de 10 millones de armas de procedencia ilegal?

La cultura de las armas se ubica como una forma de comunicar y perpetuar poder, de ejercer el poder de facto. La descomposición social, en algunos casos, la ausencia del estado o la corrupción al interior de las instituciones en otros, hace que en varias regiones y comunidades del país la ciudadanía conviva con diversos grupos armados, lícitos o ilícitos, que toman el poder, transforman la vida y el desarrollo cultural con su sola presencia.

La Declaración de Ginebra sobre violencia armada y desarrollo apunta lo siguiente:“La violencia armada destruye vidas y medios de vida, siembra inseguridad, miedo y terror y tiene un impacto profundamente negativo en el desarrollo humano. En situaciones de conflicto o delito, impone costos enormes sobre los estados, comunidades e individuos”.Y agrega: “Vivir sin sentirse amenazado por la violencia armada es una de las necesidades básicas. Es una condición previa al desarrollo, a la dignidad y al bienestar del ser humano. Y garantizar la seguridad humana de sus ciudadanos es una responsabilidad central de todos los gobiernos.”

Pareciera que en México los conflictos de violencia se resuelven con el despliegue de más armas, sin otra estrategia que plantar a elementos armados en zonas de conflicto.

El monopolio de la fuerza en México que corresponde al Estado, cuenta con un total de 212208 efectivos de la SEDENA: 54 395 soldados realizan labores para salvaguardar la seguridad e integridad del territorio nacional, de los cuales 32 mil están asignados a combatir el crimen organizado y la violencia. La Secretaría de Marina contaba con 53997 efectivos en 2012. En tanto que el número de policías ronda los 432 mil elementos -a los que se agregan los 5 mil efectivos con los que inició la Gendarmería Nacional. A estos números, se deben sumar los grupos armados fuera de las instituciones, irregulares o ilícitos tales como las autodefensas, grupos insurgentes y crimen organizado.

Con el involucramiento del Ejército y la Marina en actividades de seguridad pública a partir de 2006, se han documentado excesos y abusos de las instituciones del Estado que ostentan el monopolio del uso de la fuerza; las instituciones encargadas de velar por la seguridad y los derechos humanos de los mexicanos son quienes más los violentan.

Hemos sido testigos durante el sexenio anterior y lo que ha transcurrido del presente de cómo la violencia armada va en aumento con casos como Tlatlaya o Iguala, con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en los que se podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, en el que las instituciones encargadas de la seguridad de la ciudadanía han actuado en su contra. Los recientes hechos de violencia armada en Guerrero merecieron una reacción del Parlamento Europeo que solicita a la canciller de la Unión Europea, Catherine Ashton, que cualquier modernización del Acuerdo Global tiene que ser puesta en espera sujeta a revisión.

En tanto, los delitos relativos a la violencia armada siguen acumulando impunidad, con respuestas reactivas de las autoridades y dejando a la ciudadanía mexicana indefensa a merced de la brutalidad de los grupos del crimen organizado y de las instituciones de seguridad estatal, federal y las fuerzas armadas de “gatillo fácil”, en lo que se puede considerar como una encrucijada armada.

 * Director de Comunicación del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. y coordina el Proyecto Violencia y Medios.

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