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ANTE LA CENSURA AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

27 noviembre 2013

COMUNICADO

ANTE LA CENSURA AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO

El pasado jueves 21 de noviembre en nota del periodista Omar Sánchez de Tagle, en Animal Político, se habla de la discusión que se está dando en la Comisión de Justicia del Senado con respecto al anteproyecto del Código de Procedimientos Penales Único que incluye la expresa prohibición para el ingreso y registro audiovisual de los medios de comunicación y de los periodistas a las audiencias públicas en el sistema penal acusatorio.

Ésta es una apuesta gravísima contra los principios que sustentan una reforma jurídica-procesal de esta envergadura, que se verán profundamente trastocados en el caso de que se censure y restringa el principio de publicidad, que es el principio que le brinda al sistema penal acusatorio la potencia de fomentar la cultura de la transparencia, la puesta en práctica de los mecanismos de rendición de cuentas y la garantía de los derechos humanos.

La impunidad, la opacidad y las violaciones a los derechos humanos en el caduco sistema inquisitorio-mixto son consecuencia directa de la falta de transparencia y del manejo discrecional de la información judicial. Para que exista una correcta ponderación entre el derecho a la información de la sociedad y los derechos de la personalidad de las víctimas e imputados, se hace imprescindible desarrollar protocolos para la cobertura informativa de las audiencias públicas que le permitan a los medios de comunicación desarrollar sus cualidades como agentes activos de la rendición de cuentas; así como lineamientos informativos que estén anclados bajo una estrategia de comunicación del poder judicial.

Para evaluar el funcionamiento del principio de publicidad, la Comisión de Justicia del Senado tiene que voltear a observar las experiencias tanto nacionales como internacionales, ya que la reforma de la justicia penal mexicana requiere estar acompañada por una profunda transformación cultural. En primer lugar está el caso de Chihuahua que, con siete años de implementado el sistema penal acusatorio, cierto periodismo ha demostrado la madurez suficiente para informar al tiempo que respeta los derechos de las partes. En segundo lugar, las experiencias en la implementación del principio de publicidad en países tan cercanos culturalmente a México, como son Colombia, Chile o España, en donde en ninguno de ellos se ha restringido el acceso de los medios de comunicación y periodistas a las distintas audiencias públicas que se dan durante un proceso, mucho menos a la audiencia pública de la etapa de juicio oral. La restricción del principio de publicidad en estos países no es la norma, sino la excepción.

Por otra parte, la Comisión de Justicia del Senado no puede olvidar que la garantía de audiencia pública es un derecho de las personas imputadas y de las víctimas, que les garantiza otros derechos en el marco de la transparencia (como el derecho a un fiscal imparcial y objetivo, a una defensa adecuada, a presentar pruebas o a ser juzgado sin dilaciones). Lo único que justifica la restricción en la publicidad es la protección de los derechos de las partes en el proceso, cuando éstas lo solicitan o existan razones de seguridad nacional o que pongan en riesgo el desarrollo del proceso penal.

Asimismo, la Comisión de Justicia del Senado debe considerar el derecho a la información de la sociedad para conocer el funcionamiento de su sistema de justicia. La justicia penal es el lugar donde una persona en nombre del Estado le quita la libertad personal a otra bajo el imperio de la ley. Esto la obliga a tener extremas consideraciones de transparencia por ser un acto de gobierno de interés público, el cual los ciudadanos mexicanos tienen derecho a conocer.

Por todo lo anterior demandamos a la Comisión de Justicia del Senado que considere:

  1. Abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y con especialistas.
  2. Profundizar en las experiencias positivas del manejo informativo de los procesos penales en el estado de Chihuahua.
  3. Garantizar el principio de publicidad como la norma, y su restricción como la excepción.
  4. Generar protocolos informativos para los procesos penales no finalizados que garanticen los derechos humanos, con operadores capacitados para brindar la información que la ley les permite, entrenados para dialogar con los medios.
  5. Elaborar un código de ética en donde los operadores no utilicen a los medios para ganar presencia mediática o que los medios utilicen presiones políticas para modificar las resoluciones de los jueces.
  6. Generar los lineamientos para la cobertura y registro parcial de las audiencias públicas, divididos por especialidad en cuanto a medio de comunicación: para periodistas de prensa y radio, para fotoperiodistas y para cámaras de videograbación.
  7. Que las áreas de comunicación social de las instituciones judiciales y de procuración de justicia, federal y estatales, incorporen un reglamento transparente que establezca cómo ponderar los derechos de la personalidad y el derecho a la información.
  8. Garantizar que las sentencias que se dicten sean en lenguaje que todo público entienda y que estén contenidas en un registro accesible.
  9. Brindar acceso a los periodistas a los registros audiovisuales de las audiencias públicas y al expediente de los procesos penales concluidos.
  10. Determinar los tiempos para la publicación de los distintos tipos de información que se desprenden de los actos, resoluciones y ciclos en los procesos penales.

 

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